Movimiento universitario: Primera victoria

Por Juan Sánchez

El masivo movimiento estudiantil universitario de rechazo a la política privatizadora de Santos, lo obligó a retirar el proyecto de reforma de la Ley 30 del Congreso de República. Tres factores explican esta primera victoria: la fuerza del propio movimiento, el respaldo que ganó en la opinión pública y la protesta juvenil en otros países, en particular la lucha de los estudiantes chilenos. Suspendido el paro, ahora se pasa a una fase mucho más difícil: consolidar la organización nacional estudiantil, lograr las garantías para que la comunidad universitaria, con la participación de otros sectores sociales, pueda elaborar un modelo de educación superior verdaderamente democrático y, sobre todo, dar continuidad a la movilización para imponérselo al gobierno.

La fuerza de la movilización…

Sucesivas y crecientes movilizaciones fueron obligando al gobierno a recular. Anunciado en marzo el proyecto de ley, el 7 de abril miles de estudiantes se volcaron a las calles. Esto llevó a la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, a promover foros nacionales e internacionales, tratando de mostrar las bondades del modelo y su supuesto éxito en otros países. No logró engañar a los estudiantes, que participaron masivamente en las marchas del Primero de Mayo y volverían a tomar las calles el 7 de septiembre, advirtiendo que habría paro indefinido en todas las universidades si se presentaba el proyecto al Congreso. Estas fechas coincidieron con convocatorias de la Federación Colombiana de Educadores que enfrenta también el ataque a los derechos de los maestros.

Después de su viaje a Chile, donde la protesta estudiantil ha desgastado al gobierno de Piñera, Santos era consciente de lo que estaba en juego y anunció que retiraba del proyecto la creación de instituciones con ánimo de lucro y la promoción de inversión privada en las universidades públicas. La influencia del proceso chileno en Colombia ha sido directa; en muchas universidades se han informado sobre su movimiento y se ha estado en contacto con sus dirigentes. A pesar de eso, Santos trató de seguir adelante con su política, llamando a los rectores a la concertación y ofreciendo pírricos incrementos presupuestales a cambio del apoyo a su proyecto de ley.

Las limitaciones de la organización

Antes de las primeras movilizaciones nacionales se había iniciado el proceso de constitución de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) con un primer encuentro en marzo que congregó a centenares de activistas. Las organizaciones estudiantiles tradicionales (Feu, Oce, Aceu, Fun, Comuna, y otras) promovieron la coordinación de actividades a nivel nacional y un amplio sector de estudiantes independientes se sumaron a la tarea. La crisis universitaria acumulada a lo largo de dos décadas, como efecto de la Ley 30, ha llevado a luchas recurrentes y parciales que no logran conquistar soluciones de fondo, generando un malestar permanente. El proyecto privatizador del gobierno estaba sirviendo de catalizador y detonador de un conflicto de envergadura nacional.

No obstante eso, la dirección mayoritaria de la Mane consideraba que aún no había condiciones para fijar la fecha del paro nacional. Esto llevó a que en varias universidades los estudiantes se vieran obligados a lanzarse por su cuenta al cese de actividades. Fue así en las universidades de Antioquia, Tecnológica de Pereira, Tolima y Pamplona. En otras, hubo enfrentamientos violentos con la policía o allanamiento de los campus.

Eventos nacionales de otros sectores sociales como el encuentro campesino en Barranca, promovido por la Marcha Patriótica y el encuentro indígena y campesino en Cali, organizado por el Congreso de los Pueblos, contaron con la participación de numerosos activistas estudiantiles. Las propias organizaciones estudiantiles tradicionales continuaron con su labor de fortalecerse organizativamente. La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) realizó su Tercer Congreso Nacional, con la presencia de más de 1.500 activistas; la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), por su parte, adelantó su Escuela de Dirigentes Estudiantiles, con varios centenares de participantes. El éxito de estas convocatorias reflejaba el movimiento en curso pero hacía más difícil su centralización, en la medida que se privilegiaban sus propios objetivos políticos y organizativos por encima de las necesidades del movimiento nacional. Por ejemplo, muchos activistas estudiantiles, pertenecientes al Polo Democrático Alternativo, dedicaban una buena parte de su labor a la campaña electoral en curso y no a las tareas del movimiento. Esta actitud explica las contradicciones que se han presentado al interior del movimiento en el transcurso del paro nacional y en la definición de su suspensión.

El paro nacional

Para medir la capacidad de respuesta del movimiento, y urgido por avanzar en las transformaciones que le impone el TLC con Estados Unidos, Santos se jugó los restos radicando sin más consultas el proyecto de ley al Congreso. A partir de allí se desencadenó el paro nacional. El 12 de octubre una nueva jornada de protesta mostró la fortaleza del movimiento estudiantil, que aprovechó la ya tradicional convocatoria del movimiento indígena respaldada por la Coordinadora de Movimientos Sociales de Colombia. A esta jornada acudieron de nuevo franjas importantes del magisterio y otros sectores sociales como los trabajadores de la salud, que protestan por el deterioro acelerado en sus condiciones laborales y la quiebra de los hospitales públicos como consecuencia de la Ley 100. Una tras otra, las universidades públicas fueron haciendo efectivo el cese de actividades, hasta paralizar 31 claustros. La universidad del Tolima se había puesto a la vanguardia, cuando estudiantes, profesores y trabajadores se declararon en Constituyente Universitaria e iniciaron deliberaciones sobre un nuevo modelo de educación superior y los problemas particulares que los aquejan.

El pulso entre el gobierno y los estudiantes estuvo mediado por la actitud de las directivas universitarias. En Pamplona, por ejemplo, el campus había sido allanado por la policía y los estudiantes fueron respaldados por la población en sus reclamos. En Pereira se clausuró la universidad y la rectoría procedió a suspender los contratos de los profesores ocasionales. En la Universidad Nacional el rector Moisés Wasserman clamaba por la normalidad académica y planteaba que el escenario de discusión debía ser el Congreso. Pero el buque insignia de la educación superior colombiana arrastra ya una crisis galopante: los estudiantes de Medicina de la UN se encontraban en paro desde hacía dos meses reclamando el Hospital Universitario y los de Veterinaria llevaban un mes de suspensión de actividades académicas exigiendo garantías mínimas para poder estudiar.

La conquista de la solidaridad

Ni la represión gubernamental ni los cantos de sirena de las directivas hicieron retroceder a los estudiantes. Cada semana una nueva jornada de protesta dio continuidad a la anterior. La imagen negativa que el estéril “tropel” de pequeños grupos de vanguardia ha creado durante años, fue modificada por la creatividad de esta generación: “besatones”, “abrazatones”, carnavales, tomas de centros comerciales, fueron nuevas modalidades de protesta. Muchos han confundido esta actitud con posturas pacifistas. Desconocen así que la toma masiva de las calles y el bloqueo vehicular que provoca, son una medida de fuerza superior al enfrentamiento de un pequeño grupo de encapuchados con el Esmad. El colapso urbano que ello provoca ha causado fuertes pérdidas a la burguesía, sin contar el desgaste político del gobierno. Adicionalmente estos métodos masivos permiten mostrar claramente que, cuando se desata una situación de violencia es porque ella es ocasionada por el gobierno y sus fuerzas de represión que impiden la protesta y lucha por los justos derechos.

Paulatinamente, el movimiento empezó a ganar el respaldo de la opinión pública, comenzando por los propios profesores, los empleados de las universidades y los padres de familia. Pero más allá de ese entorno natural, la protesta universitaria empezó a reflejar el descontento general de la población frente al gobierno. Este fue el factor determinante en la decisión del gobierno de retirar el proyecto de ley. Pero, para no acusar el golpe, Santos intentó una última jugada: anunciar el retiro del proyecto antes de la jornada del 10 noviembre tratando de reducir la participación. El tiro le salió por la culata, pues esta movilización fue la más amplia y combativa de todas. La toma de Bogotá fue un hecho y lo único que logró Santos con el amague fue evitar que los estudiantes acamparan en la Plaza de Bolívar, como habían anunciado, emulando a los indignados españoles. Frente a la fuerza de la movilización intentó un último chantaje: condicionar el retiro del proyecto de ley a que la MANE, en el Encuentro de Emergencia que se realizó el 12 de noviembre, levantara el paro. Efectivamente, con la presencia de más de 2.000 estudiantes y, después de más de un día de acalorada discusión, la declaración de la MANE anunció su disposición a suspender el paro si se hacía efectivo el retiro del proyecto de reforma y se daban garantías a la comunidad universitaria para construir democráticamente una nueva propuesta (ver declaración en esta Separata).

Consciente de la explosividad social latente en el país, expresada recientemente en el paro de los trabajadores petroleros de la Pacific Rubiales en Puerto Gaitán y la forma como se ligó la población a sus exigencias, Santos no podía permitir que convergieran los conflictos estudiantiles, sindicales y populares. De hecho, esta unidad de acción ya se estaba materializando en las calles. Que el proceso no haya sido más dinámico, profundo y extenso sólo se explica por la indolencia burocrática de la dirección sindical que, a pesar de afirmar que coordina sus actividades en el flamante Frente por la Defensa de la Educación Pública, no ha convocado un solo encuentro para respaldar la lucha universitaria y definir un plan de acción común. Respecto de otros sectores sociales, es diciente el aislamiento de procesos como la Marcha Patriótica o el Congreso de los Pueblos, que después de realizar eventos con miles de asistentes no definieron ni una sola jornada de movilización, fuera de un hipotético Paro Cívico Nacional para el año entrante. O como la dirección de Fecode, que en lugar de aprovechar la coyuntura para potenciar su propia lucha uniendo sus exigencias a las estudiantiles vegeta en mesas de negociación con la ministra sin hacer de la movilización masiva su principal arma de defensa.

Volver a las aulas, seguir en las calles

Suspendido el paro, el movimiento estudiantil enfrenta el reto de consolidar su organización nacional, potenciando la MANE y propiciando su democratización, y haciendo efectivas las garantías que el gobierno ha prometido para construir colectivamente el modelo de educación superior que reclama la población. Pero sobre todo, dar continuidad a la movilización de protesta, como la jornada continental del 24 de noviembre.

En este proceso será indispensable contar con los demás estamentos universitarios y las organizaciones sociales de los trabajadores y sectores populares. Un proyecto común de universidad pública bajo los principios de autonomía, libre acceso, gratuidad y calidad con bienestar sólo puede ser conquistado fortaleciendo la movilización sumando a otros sectores sociales. Por eso es necesario que el Frente por la Defensa de la Educación Pública que agrupa a los gremios relacionados con el sector educativo –como Fecode, Aspu, Sindesena y las propias organizaciones integrantes de la MANE– convoque de inmediato un gran evento con amplia participación de base, donde se coloque al centro de la discusión política el futuro de la educación pública en Colombia, amenazada por las contrarreformas de Santos y el Tratado de Libre Comercio.

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