¿Por qué marchamos? ¿por qué debemos parar?

Nos encontramos frente a un gobierno que, en el marco de la unidad nacional, busca “prosperidad”, no precisamente para nosotros los estudiantes y las clases desposeídas, sino para los ricos; un gobierno que ha presentado todo un paquete legislativo que incluye leyes como la de “seguridad ciudadana” — que ya está cobrando víctimas como la del joven grafitero Diego Becerra— y la ley de sostenibilidad fiscal que ampara la deuda pública por encima de las necesidades de la población, además del TLC que pretende firmar con Estados Unidos, que incluye entre sus condiciones, garantizar el mercado de las trasnacionales de la educación, donde la educación es un servicio que debe negociarse libremente.

En este contexto el gobierno presentó, en el primer semestre, una reforma a la Ley 30, que regula la educación superior desde 1992, reforma que proponía, en uno de sus puntos más polémicos, una educación con ánimo de lucro. Ante esto los estudiantes nos movilizamos en rechazo a dicha reforma, mostrando así, que somos capaces de enfrentar al gobierno para defender nuestra educación, en jornadas tan importantes como la del 7 de abril.

El gobierno mide fuerzas

El primer semestre fue de debate y expectativa por parte de la comunidad universitaria, logrando que el gobierno retirara el proyecto. En el segundo semestre presentó otro proyecto donde se suponía se reflejarían los debates sostenidos con la comunidad académica, como lo enunciara ASPU “fue un dialogo de oídos sordos” donde el gobierno, nuevamente, al presentar el proyecto de reforma a la Ley 30 no cambió sustancialmente lo propuesto inicialmente en materia de autonomía, financiación, calidad y cobertura. Luego de regresar de Chile y ver como los estudiantes mediante la movilización y los paros han desestabilizado al gobierno de Piñera, Santos y su ministra, retiraron de nuevo la reforma.

¿Por qué el paro?

Aun así, la Ley 30, desde su artículo 86, fomenta la desfinanciación de la universidad y en la actualidad el gobierno tiene una deuda que genera un déficit presupuestal con la universidad pública en más de $700.000 millones de pesos. De seguir así en los próximos años demostrará la inviabilidad de las universidades públicas, como en el caso de la Universidad del Atlántico, donde los estudiantes pasaron a pagar cinco veces su matrícula inicial, luego de la quiebra de la Universidad.

Hoy nuestras universidades, por falta de recursos, son obligadas a auto financiarse, significando esto una paulatina política de privatización de la universidad. Casos como el del Auditorio León de Greif, en la Universidad Nacional, actualmente administrado por la empresa privada Tu boleta, o los posgrados que hace rato se pagan como si fuera en universidades privadas.

Un derecho, no un negocio

La defensa de la educación pública como un derecho, y no como un negocio, es lo que tenemos que debatir, al igual que lo están haciendo los estudiantes chilenos, griegos y españoles, saliendo a las calles, ante la sociedad, avanzando en la organización para defender la educación como un derecho, debemos hacer el debate y organizar la lucha mediante asambleas, tomando definiciones democráticas con la participación del grueso del estudiantado, sin dejar que otros decidan por nosotros, definiendo si estamos de acuerdo con mantener como mínimo un paro escalonado, que combine asambleas, movilizaciones y academia, para no permitir que argumenten la cancelación del semestre.

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